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Pagos por servicios ambientales (PSA) en Colombia: cómo funcionan, quién paga y quién recibe

El PSA es un incentivo en dinero o en especie para quienes conservan o restauran ecosistemas estratégicos. Te explicamos el Decreto Ley 870 de 2017, su reglamentación de 2018, un caso real en el Tolima y cómo puede participar una empresa.

Equipo Unnión3 nov 2026 · 6 min de lectura · 4 fuentes consultadas
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Lo esencial
  • El Decreto Ley 870 de 2017 define el PSA como un incentivo económico, en dinero o en especie, que los interesados reconocen a propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa.
  • Se formaliza con un acuerdo voluntario y escrito que, según el Decreto 1007 de 2018, dura hasta cinco años prorrogables.
  • El valor se estima por hectárea y por año, con el costo de oportunidad de la tierra como referente.
  • Pagan personas públicas, privadas o mixtas; reciben quienes tienen predios en áreas y ecosistemas estratégicos, con preferencia para la pequeña y mediana propiedad.
  • Unnión tiene un programa especial de pagos por servicios ambientales con Cortolima.

Qué es un PSA

Para el dueño de una finca, conservar un bosque o dejar que se recupere la ronda de una quebrada tiene un costo: es tierra que deja de producir. El pago por servicios ambientales existe para reconocer ese costo a quien decide conservar.

El Decreto Ley 870 del 25 de mayo de 2017, publicado ese mismo día en el Diario Oficial 50.244, establece las directrices para los PSA y otros incentivos a la conservación. Su artículo 4 define el PSA como el incentivo económico en dinero o en especie que los interesados en los servicios ambientales reconocen a propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa, por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante acuerdos voluntarios. El artículo 2 lo aplica a las personas públicas o privadas que promuevan, diseñen o implementen proyectos de PSA con recursos públicos y privados.

En junio de 2018, el Decreto 1007 lo reglamentó dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente (Decreto 1076 de 2015). Ese decreto fija cómo se calcula el valor, cuánto duran los acuerdos y cómo se registran los proyectos.

Los elementos del esquema

El artículo 5 del Decreto Ley 870 organiza el PSA en cuatro elementos:

ElementoQué es
InteresadosPersonas públicas, privadas o mixtas que reconocen el incentivo
BeneficiariosPropietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa de predios en áreas y ecosistemas estratégicos
Acuerdo voluntarioEl documento que formaliza los compromisos, con un término definido y prorrogable
Valor del incentivoSe toma como referente el costo de oportunidad de las actividades productivas

El incentivo no afecta la propiedad del predio ni obliga a comprar o vender la tierra (parágrafo 4 del artículo 5). El decreto da preferencia a la pequeña y mediana propiedad, y en territorios indígenas su aplicación se rige también por el derecho propio de cada pueblo (artículo 3). Sus principios, según el artículo 8, son la focalización, la armonización, la complementariedad, la costo-efectividad, el posconflicto y la construcción de paz con equidad, y la solidaridad.

Las modalidades

Las acciones que se reconocen son de preservación y de restauración, parcial o total (artículo 7). El Decreto 1007 enumera cuatro modalidades: regulación y calidad hídrica; conservación de la biodiversidad; reducción y captura de gases de efecto invernadero; y servicios culturales, espirituales y de recreación. Un proyecto puede combinar modalidades, siempre que no pague por encima del valor estimado ni pague dos veces el mismo servicio.

Cómo se calcula el pago y cuánto dura

El Decreto 1007 dice que el valor se estima por hectárea y por año. El referente es el costo de oportunidad: los beneficios netos de las actividades agropecuarias más representativas de la zona, o la renta que se pagaría por la tierra para esas actividades. Se toma el menor de los valores calculados y, con criterio de costo-efectividad, se fija para cubrir la mayor área posible con los recursos disponibles. Ese valor aplica a todos los predios del área, sean de preservación o de restauración.

Los acuerdos se firman por escrito, por un máximo de cinco años, prorrogables según la evolución del proyecto y los recursos disponibles. Deben indicar, como mínimo, la duración, el área y el predio, el uso del suelo acordado, las condiciones para el área no incentivada y las acciones de administración y custodia. Antes de pagar se verifica que el uso del suelo acordado se esté cumpliendo.

Una condición para la restauración

En la modalidad de restauración, el Decreto 1007 pide acreditar que en los predios no hubo ecosistemas naturales durante los últimos tres años, y prioriza el uso de especies nativas.

Quién paga y quién recibe

Pagan los interesados en los servicios ambientales. El Decreto 1007 incluye a las personas públicas o privadas que diseñan o implementan proyectos con recursos públicos y privados; a los municipios, distritos y departamentos, con las inversiones de no menos del 1 % de sus ingresos corrientes del artículo 111 de la Ley 99 de 1993; y a las autoridades ambientales, en coordinación con las entidades territoriales, con las inversiones del artículo 108 de esa ley.

El mismo decreto reconoce el PSA como una medida para cumplir obligaciones ambientales derivadas de licencias, permisos y autorizaciones. Y si un proyecto es solo privado y no responde a una obligación ambiental, puede usar otra metodología para estimar el valor, siempre que asigne el mismo valor por hectárea; si en la misma área hay un proyecto con recursos públicos, debe usar la metodología del decreto.

Reciben los propietarios, poseedores u ocupantes de predios en áreas y ecosistemas estratégicos, incluidas las personas que sean objeto de restitución o compensación según la Ley 1448 de 2011. Se da preferencia a los pequeños y medianos propietarios según su vulnerabilidad, con información como el SISBEN. El recorrido de un proyecto, según el Decreto 1007, es este:

  1. Focalizar escoger áreas en riesgo de degradación por expansión agropecuaria o ya degradadas, con énfasis en municipios priorizados para el posconflicto.
  2. Estimar el valor por hectárea y por año, con el costo de oportunidad como referente.
  3. Firmar los acuerdos con cada beneficiario, por escrito y hasta por cinco años prorrogables.
  4. Registrar el proyecto ante la autoridad ambiental de la jurisdicción, con la modalidad, las áreas, el valor por hectárea, los predios y la duración.
  5. Verificar y pagar revisar el uso del suelo acordado antes de cada pago.
  6. Reportar cada año, con corte al 31 de diciembre; la autoridad ambiental consolida y envía la información al Ministerio a más tardar el 31 de marzo.

Un caso en el Tolima

En marzo de 2022, el Ministerio de Ambiente anunció el primer proyecto de PSA registrado bajo el mecanismo de obras por impuestos del sector ambiental. Busca conservar 4.114 hectáreas de bosque altoandino en el parque regional Anaime-Chilí y su zona amortiguadora, en el complejo de páramos Chilí-Barragán, en Cajamarca, Roncesvalles y Rovira. Lo ejecuta la empresa de energía Celsia durante cuatro años, con Cortolima y las alcaldías, y reconoce un incentivo por regulación hídrica a 25 familias de la zona.

En ese caso, una empresa aporta los recursos y ejecuta el proyecto, y las familias que conservan reciben el pago con el acompañamiento de Cortolima y de las alcaldías. La propia Cortolima presenta su esquema +VERDE como el principal de pago por servicios ambientales en el Tolima, con compensación económica y acompañamiento a familias y comunidades rurales en áreas de importancia ambiental.

La confluencia de los ríos Combeima y Coello, en Payandé, donde está Unnión.
La confluencia de los ríos Combeima y Coello, en Payandé, donde está Unnión.

El programa de Unnión con Cortolima

Unnión es un parque de biodiversidad de 788 hectáreas en la confluencia de los ríos Combeima y Coello, en el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis. Entre sus aliados está Cortolima, con quien tiene un programa especial de pagos por servicios ambientales. Es uno de los seis productos del parque, junto con el banco de hábitat, el área de vida, la educación ambiental, los servicios ecosistémicos y la restauración ecológica.

Para una empresa, participar como interesada en un PSA es una forma de financiar conservación con reglas conocidas: valor por hectárea, acuerdos escritos, verificación del uso del suelo antes de pagar y reportes anuales ante la autoridad ambiental. Si quieres saber cómo vincularte al programa y qué condiciones aplican, escríbenos a contacto@unnion.co o por WhatsApp al 318 420 7730.

El PSA tampoco reemplaza la Ley 2173. Esa ley pide a las medianas y grandes empresas sembrar árboles en áreas de vida, mientras el PSA reconoce a quien conserva o restaura en ecosistemas estratégicos. Una empresa puede usar las dos herramientas en paralelo, cada una con sus reglas. Si te interesa la primera, lee qué pide la Ley 2173 a las empresas.

¿Seguimos?

Conoce el programa de PSA.

Conoce el programa de PSA

Preguntas frecuentes

¿El PSA es un subsidio?

El Decreto Ley 870 lo define como un incentivo económico, en dinero o en especie, que se reconoce por acciones de preservación o restauración pactadas en un acuerdo voluntario. Antes de pagar se verifica que el uso del suelo acordado se cumpla.

¿Pierdo mi finca si firmo un acuerdo de PSA?

No. El parágrafo 4 del artículo 5 del Decreto Ley 870 dice que el incentivo no afecta la propiedad del predio ni obliga a comprarlo o venderlo. El acuerdo tiene un término definido, que el Decreto 1007 limita a cinco años prorrogables.

¿Puede una empresa privada pagar un PSA?

Sí. Los interesados pueden ser personas públicas, privadas o mixtas. El Decreto 1007 contempla proyectos con recursos públicos y proyectos solo privados, y reconoce el PSA como medida para cumplir obligaciones ambientales de licencias y permisos.

¿Quién registra los proyectos de PSA?

La autoridad ambiental de la jurisdicción. El registro incluye, entre otros datos, la modalidad, las áreas, el valor por hectárea, los predios y la duración. Cada año se reporta con corte al 31 de diciembre.

Fuentes consultadas

  1. Decreto Ley 870 de 2017 (Función Pública, Gestor Normativo)www.funcionpublica.gov.co
  2. Decreto 1007 de 2018 (Función Pública, Gestor Normativo)www.funcionpublica.gov.co
  3. Se conservarán más de 4.100 hectáreas en Tolima con obras por impuestos (Ministerio de Ambiente, 18 mar 2022)www.minambiente.gov.co
  4. +VERDE PSA (Cortolima)cortolima.gov.co

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